Hemos asistido a una actuación casi “de manual” durante la primera fase de la crisis económica. De manual rancio por cierto.

Ante el primer impacto de la crisis, el estado intenta compensar la caída de la demanda y del gasto privado mediante toda una serie de medidas: ayudas para la compra de vehículos, plan E de inversión en infraestructuras, financiación para las empresas, etc. etc.

Uno de los puntos en común de estas medidas es que todas ellas “gastan” caudales públicos directamente.

Es como ir doblando la apuesta en la ruleta. Uno de los finales posibles para estas actuaciones es el que se está produciendo en este momento: se han agotado las fichas antes de que salga nuestro número (la salida de la crisis), con el inconveniente de que no solo hemos gastado las fichas que teníamos.....también hemos firmado pagarés y ahora tenemos más deudas.

Se puede argumentar que esta actuación podría perfectamente haber tenido un final positivo. Es cierto. Pero el resultado real es el que está a la vista.

Al enfrentar esta situación con subidas de impuestos y reducción de prestaciones, activamos una espiral impredecible que puede volver al punto de partida e iniciar de nuevo  todo el proceso.

La pregunta es ¿No puede el estado hacer cosas para mejorar la economía sin sacar directamente dinero de las arcas públicas?

La respuesta es que si puede, sin duda. Esa es la dirección en la que debemos pensar, cambiar e innovar.

Por poner un ejemplo, España es uno de los países de Europa en el que el coste del cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales resulta mas gravoso para las empresas. No me estoy refiriendo a la cuantía de los impuestos en si mismos, me estoy refiriendo al coste administrativo, documental, notarial, certificador, inspector, etc... que para las empresas representa un coste directo (trabajo y recursos) o indirecto (servicios de terceros).

Pensemos por un momento en una situación opuesta, en la máxima simplicidad, eficiencia y agilidad burocrática, rediseñando cada proceso en función del mínimo esfuerzo y del mínimo coste para la empresa, el profesional o el particular, sin cambiar el importe de ningún impuesto. ¿No se traduciría eso en una reducción de costes para las empresas sin tener que aportar directamente dinero de las arcas públicas?

En nuestro caso, el margen de actuación es enorme, como demuestran los estudios comparativos existentes.